El Congreso deroga las medidas del ‘escudo social’ y convalida la subida de las pensiones

El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.

El decreto -que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.

El PP, Vox y Junts han vuelto a votar, como hicieron hace un mes, con el argumento de que la moratoria antidesahucios protege la «okupación».El Congreso convalida la subida de las pensiones para 2026
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el único rechazo de Vox, el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.

Esta separación en dos decretos distintos se produjo después de que PP, Vox y Junts rechazaran en enero un decreto «ómnibus» que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la ‘okupación’.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la revalorización porque es «una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema» y necesaria para los cerca de 13 de millones de pensiones y prestaciones.

«La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y un compromiso del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social», ha dicho Saiz, quien ha apelado también a los jóvenes.«Esto también va de fortalecer el sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren la misma protección que hoy existe», ha añadido.

La norma incluye además la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, así como la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.

También la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.

El decreto ley contempla asimismo la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, así como la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).