Un bulo, un voto particular y periodistas ignorados: los puntos polémicos del procesamiento del fiscal general

A un paso del banquillo. El Tribunal Supremo situó este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de un juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude a Hacienda.

El fiscal general se enfrenta a penas de uno a cuatro años de cárcel, suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años o inhabilitación especial para empleo público de tres a cinco años.

La Sala estima que los indicios recabados durante la instrucción son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra él. El juez instructor, Ángel Hurtado, había establecido previamente en un auto que el fiscal general pudo facilitar a medios de comunicación el contenido confidencial de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales. Hurtado destacó que dicho correo "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales" de González Amador, "en una conversación privada" entre letrado y fiscal que está "sujeta a criterios de reserva y confidencialidad".

La decisión de la Sala de apelación del Supremo ha sido adoptada por mayoría, al haber sido apoyada por dos de sus tres magistrados, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres. El tercer magistrado, Andrés Palomo del Arco, ha emitido un voto particular en el que considera que la causa debía haberse archivado al no apreciar que revelara ningún dato que no se conociese con anterioridad sobre el caso de González Amador.

La decisión mayoritaria del Supremo deja al fiscal general al borde del banquillo, algo que no había ocurrido hasta ahora en democracia. Sin embargo, la instrucción de este caso y sus conclusiones se han visto salpicadas por las dudas o críticas que han aflorado, tanto por su modo de proceder como por la propia actuación del juez instructor. Principalmente, porque durante los ocho meses que ha durado la instrucción, Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. 

Un voto particular muy crítico
Muchos juristas muestran sus dudas sobre el hecho de que García Ortiz vaya a ser juzgado por un presunto delito del que apenas hay indicios, al sostenerse principalmente en conjeturas sin fundamento sólido. Así lo defiende también Andrés Palomo del Arco en su voto particular. Según él, la causa debería haberse archivado porque el fiscal general no reveló ningún dato que no se conociese públicamente con anterioridad sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña.

En su voto particular, de 39 páginas, el magistrado considera que no se puede atribuir a García Ortiz un delito de revelación de secretos por la nota informativa que difundió la Fiscalía para señalar que Hacienda no había ofrecido ningún pacto a González Amador. "Obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad, al haberse publicado en medios informativos", sostiene.

Igualmente, cree que para procesarle por ese delito no basta "una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara, (...), sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria".

Testimonios de periodistas ignorados
El juez Hurtado pone en el punto de mira a García Ortiz por esta nota de la fiscalía, pero también por la supuesta filtración del correo del abogado de González Amador a la prensa. Al respecto, cuatro redactores de El País aseguraron que tuvieron conocimiento de que González Amador iba a reconocer dos delitos fiscales 31 horas antes de que el fiscal general reclamara el correo del abogado para desmentir el bulo. Un director adjunto de eldiario.es, incluso, sostuvo que accedió a este email hasta una semana antes.

Pero estos testimonios en sede judicial no convencieron al juez instructor. De hecho, llegó a insinuar en su auto que los periodistas que declararon como testigos mintieron sobre cómo accedieron al correo del abogado de Ayuso, con el fin de proteger a su fuente; esto es, el fiscal general. 

En concreto, sobre el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, el magistrado insinuó que mintió “posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger la fuente de información”. Además, defiende que Campos aportó un "testimonio subjetivo" y sin aportar "datos objetivos".

En su declaración, Campos ofreció una detallada explicación de cómo tuvo acceso al email antes de que llegara a manos de García Ortiz y negó que se lo hubiese proporcionado el fiscal general del Estado. 

El periodista de La Ser dijo que fue conocedor del contenido del email del abogado de González Amador "entre las 15:40 y las 15:45 de la tarde" del día 13 de