Gobernanza y Lucha contra la Corrupción: Un Desafío Nacional y un Enfoque Institucional

Desde la asunción de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la lucha contra la corrupción se ha convertido en la piedra angular de su proyecto reformista y en un eje esencial de su programa electoral, que estableció la buena gobernanza y la transparencia como condiciones indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible. La práctica cotidiana demuestra que el Estado avanza con paso firme hacia la consolidación de una cultura de responsabilidad e integridad, entendidas como garantías de la eficacia de la gestión pública y la credibilidad de las instituciones.

En este contexto, las acciones gubernamentales avanzan de manera coherente y progresiva para traducir esta visión en una realidad tangible, mediante el desarrollo del marco jurídico e institucional, la activación de los mecanismos de control y rendición de cuentas, y la ampliación del seguimiento a todos los niveles administrativos. La publicación periódica de informes oficiales y de las medidas derivadas de ellos se ha convertido en una práctica habitual que reafirma el compromiso del Estado con la transparencia y consagra el principio de vincular la responsabilidad con la rendición de cuentas.

Asimismo, la lucha contra la corrupción se ha integrado en un marco institucional riguroso, respetando estrictamente la independencia de los órganos de control y dotándolos de las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones en un entorno profesional, libre de toda injerencia o presión. Este enfoque se basa en el equilibrio entre la firmeza en el seguimiento y el pleno respeto a la ley y a las garantías de justicia.

El Tribunal de Cuentas constituye uno de los pilares institucionales más importantes dentro del sistema de transparencia y buena gobernanza. Es un órgano constitucional que ejerce una función de control independiente sobre la gestión de los fondos públicos. Desde la llegada de Su Excelencia el Presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, esta institución ha experimentado un salto cualitativo en su independencia y eficacia, al poder ejercer sus competencias en un ambiente de libertad y responsabilidad, sin interferencias ni tutelas.

Resulta especialmente significativo que la publicación regular y transparente de los informes del Tribunal de Cuentas para conocimiento del público sea una instrucción directa del Presidente, algo sin precedentes entre sus antecesores, a pesar de que el tribunal fue creado tres décadas antes de su llegada al poder. Esta decisión marcó un hito en la historia institucional del país, transformando la fiscalización financiera de un expediente administrativo cerrado en un documento público accesible a la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil. Ello refuerza la confianza en las instituciones del Estado y consolida la transparencia como uno de los pilares del proceso de reforma. Porque la lucha contra la corrupción requiere la participación de todos, y los mecanismos oficiales, por sí solos, no bastan para erradicarla.

El tribunal también ha recibido en este periodo un apoyo institucional y humano de calidad, mediante la incorporación de jóvenes jueces competentes y de reconocida integridad, que se suman a un cuerpo de magistrados con amplia experiencia y un desempeño caracterizado por la rigurosidad y la transparencia. La combinación de experiencia y renovación ha enriquecido el trabajo de control, reforzado la independencia del tribunal y fortalecido su capacidad para acompañar las transformaciones administrativas y financieras contemporáneas con eficacia y profesionalismo.

El informe más reciente del Tribunal de Cuentas constituye un ejemplo de transparencia y claridad. Dicho informe, con datos y cifras, no identificó ningún caso de malversación o fraude financiero que justificara la remisión a la justicia, precisando que las observaciones formuladas se referían a errores de gestión o procedimientos administrativos que no alcanzan el nivel de delitos financieros. El propio presidente del tribunal lo explicó de forma inequívoca, desmintiendo los rumores que pretendían exagerar el alcance de las irregularidades y presentarlas fuera de su contexto profesional.

En este sentido, se ha constatado la difusión de noticias falsas que mencionaban cifras astronómicas que nunca aparecieron en el informe, y algunos actores y figuras públicas se hicieron eco de esas versiones sin verificar los textos originales ni contrastar los hechos documentados. Tales prácticas contribuyen a confundir a la opinión pública y a debilitar la confianza en las instituciones de control, cuando la verdad está recogida con total transparencia en los documentos oficiales disponibles. Estos rumores, en última instancia, sirven a los intereses de la corrupción y dificultan su erradicación.

De ahí la importancia de distinguir entre el error administrativo y la corrupción penal, criterio que el Gobierno ha adoptado en su tratamiento de los resultados del informe. Su intervención se basó estrictamente en fundamentos jurídicos, respetando las calificaciones establecidas por el tribunal y aplicando medidas correctivas inmediatas donde se detectaron deficiencias de gestión, sin exceder las competencias de las instituciones correspondientes. Así lo expresó el Primer Ministro, señor Mokhtar Ould Ajay, durante su reunión con los responsables de los sectores y entidades incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas 2022-2023.

Este enfoque refleja la orientación estratégica del Estado en la lucha contra la corrupción, sustentada en la primacía de la ley, el respeto a las instituciones y la convicción de que la verdadera reforma solo es posible dentro de un sistema institucional sólido, regido por los principios de transparencia y equidad.

Cabe destacar que este periodo ha sido testigo del lanzamiento de la primera Estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Corrupción, elaborada en un amplio marco de concertación que incluyó a los distintos sectores gubernamentales, organismos de control, sociedad civil y socios técnicos y financieros. Esta estrategia transformó la lucha contra la corrupción de un conjunto de consignas circunstanciales en una política pública planificada, evaluada y supervisada, con objetivos, ejes y mecanismos claramente definidos, y respaldada por calendarios e indicadores precisos.

Esta estrategia constituye la culminación de la visión de Su Excelencia el Presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, orientada a consolidar una cultura de integridad en el servicio público y construir una administración moderna basada en la competencia, la transparencia y la eficacia. Confirma, además, que el Estado ya no aborda la corrupción como una reacción puntual, sino como un fenómeno institucional que debe enfrentarse con herramientas institucionales, en el marco de una política nacional integral que combine la sanción jurídica, la prevención y la formación ética.

El éxito en este camino requiere una implicación nacional amplia y una participación activa de todas las fuerzas vivas de la sociedad. La lucha contra la corrupción no es una campaña pasajera, sino un proceso nacional inclusivo y una responsabilidad colectiva que demanda el compromiso de todos, con la conciencia de que la integridad no es una opción administrativa, sino un valor nacional y un proyecto civilizatorio.

Ahmed Issa El Yedali