La Fiscalía indaga la conexión de la ola de incendios con la falta de planes de prevención

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo indaga la conexión de la dramática ola de incendios que asola al país con «la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención» de incendios forestales por parte de las administraciones competentes, una obligatoriedad determinada por la Ley de Montes.

El fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo ya pide todos los años que se compruebe si hay planes de prevención.

En un escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente a los fiscales provinciales con competencias en esa materia, con fecha de 18 de agosto de 2025, publicado hoy por El País y al que ha tenido acceso Efe, se insiste en el objetivo principal de los planes de prevención de incendios, que «es evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente».

«Esto se logra mediante la implementación de medidas para reducir la probabilidad de ignición, controlar la propagación del fuego y asegurar una evacuación segura», dice.

«Es decir, se trata de un conjunto de acciones y estrategias diseñadas para proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente de los efectos destructivos de los incendios, mediante la anticipación y el control de los riesgos asociados», añade.

«Es evidente, partiendo de ese presupuesto, que la situación que en este momento (agosto 2025) estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios». «De lo contrario no se explica lo que está pasando», asegura en el escrito Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente.

Las CCAA están obligadas a elaborar planes de prevención

La ausencia de planes de prevención no solo afecta a los ayuntamientos sino también a las comunidades autónomas que están obligadas por ley a elaborarlos.

La Ley de Montes antes de su modificación por el RDL15/2022 ya exigía a las comunidades autónomas la elaboración de los planes de prevención de incendios forestales según la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales que se aprobó por RD de 2013.