Cómo pagar el alquiler, la otra crisis desatada por las redadas migratorias de Trump

"Él es el pilar de la familia, (...) era el único que trabajaba", dice esta mujer mexicana indocumentada que prefiere hablar bajo seudónimo. "Ya no está para ayudarnos, para apoyarnos a mí y a mis hijas".

A los 39 años, Martha se sumó repentinamente al grupo de personas en situación precaria que luchan por evitar terminar en las calles del condado de Los Ángeles, una región con precios de vivienda prohibitivamente altos, que tiene el mayor número de personas sin hogar en Estados Unidos después de Nueva York.

Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, cuesta 2.050 dólares al mes.

Para cubrir sus necesidades más urgentes, encontró un trabajo nocturno en una fábrica por el que percibe el salario mínimo. Le da como para mantenerse a flote, pero no para cubrir todas sus obligaciones.

"Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas", enumera, señalando a sus hijas de seis y siete años, que necesitan útiles para el nuevo año escolar. "Son muchos gastos".

- "Tormenta" -

¿Cuánto tiempo puede aguantar así, con apenas tres horas de sueño tras volver de la fábrica, antes de tener que cuidar de sus hijas? "No le puedo decir", murmura con la mirada perdida.

Los Ángeles, donde un tercio de la población es inmigrante, se ha visto desestabilizada por la intensificación, desde junio, de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar indocumentados.

Escuadrones de agentes enmascarados allanaron ferreterías, lavaderos de coches y paradas de autobús.

Como resultado, más de 2.200 personas fueron arrestadas en junio, el 60% de las cuales no tenían antecedentes penales, según documentos internos del ICE analizados por la AFP.

La ofensiva antiinmigración del presidente Donald Trump está afectando duramente a los trabajadores latinos, quienes ya se encontraban entre las primeras víctimas de la crisis de vivienda en la región, explica Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN.

"Se avecina una tormenta mayor. No se trata solo de las personas detenidas, sino también de las que permanecen libres", resume esta estadounidense de 36 años. "La preocupación es que la gente termine en la calle".

Su organización ayuda a más de 300 hogares con dificultades económicas cuyos ingresos se han desplomado, ya sea porque un miembro ha sido arrestado o porque tienen demasiado miedo de volver al trabajo.

El grupo ha destinado más de 30.000 dólares a ayudar a unas 20 familias a pagar el alquiler, pero cubrir las necesidades de todos es simplemente "insostenible".